jueves, 14 de agosto de 2008

Declaración de organismos de DDHH ante la situación del Colegio Mariano Acosta

Buenos Aires, 11 de agosto de 2008

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes observamos con enorme preocupación y repudiamos la judicialización de la protesta por el pedido de becas realizado por los estudiantes y las madres y padres del colegio Mariano Acosta, llevada adelante por la gestión del gobierno de M. Macri y su Ministro de Educación, Dr. Mariano Narodowski.
Con ello se ha atentado contra el espíritu de la Ley 114, al denunciar una protesta de adolescentes por el reclamo legítimo del derecho universal a la educación. La judicialización de la protesta no es la vía adecuada para resolver los conflictos. Los estudiantes y padres han demostrado e intentado otras vías de solución incluso antes de la toma del colegio: "Los estudiantes del Acosta habían solicitado una reunión con las autoridades el lunes, y ante la falta de respuesta resolvieron la toma del colegio, con el apoyo de sus padres" (Página 12 25/07/08). También recurrieron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, quién elevó pedidos de informe al Ministerio de Educación y no obtuvo respuesta.
Siendo que toda administración del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la obligación de garantizar, promover y proteger el derecho a la educación de quienes asisten a sus establecimientos educativos, consideramos que la negación de las becas demandadas atenta contra dicho derecho.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la comunidad educativa del colegio Mariano Acosta y exigimos que el gobierno de la Ciudad no deniegue becas a ningún estudiante que las necesite y tome las medidas necesarias para hacerlo efectivo a la brevedad, dado que ya ha transcurrido más de la mitad del ciclo lectivo.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
Hermanos por la Verdad y la Justicia
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)
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miércoles, 13 de agosto de 2008

TODOS A LA LEGISLATURA

El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la obligación de intervenir, articular e implementar las acciones necesarias para garantizar la inclusión escolar y ciudadana de la comunidad educativa. La alta vulnerabilidad social atraviesa a familias enteras. Las becas estudiantiles se traducen como un impasse en relación a las respuestas del Estado.
¿Qué les decimos a nuestros jóvenes cuando se recortan los recursos para que puedan ir a la escuela? ¿Cuál es la lección ejemplificadora que nos quiere dictar el Ministerio de Educación?
Enseñar con el ejemplo es no contradecir una Ley Nacional que da obligatoriedad a la Enseñanza Media, es no desconocer el derecho a estudiar, es reconocer a los otros como sujetos plenos de derecho. Las becas son un derecho; son la diferencia entre acceder, permanecer y egresar de la escuela para nuestros jóvenes.

Adhieren:
Nora Cortiñas – Osvaldo Bayer - Eduardo Galeano – León Ferrari - Liga Argentina por los Derechos del Hombre – SERPAJ - Herman@s de Desparecidos por la Verdad y la Justicia – Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos - Médicos del Mundo – CORREPI Sur – Diputados Nacionales: Juan Carlos Dante Gullo, Emilio García Méndez, Victoria Donda Pérez, Cecilia Merchan, Delia Bisutti – Diputados de la ciudad: Liliana Parada, Gabriela Alegre, Patricia Walsh, Pablo Failde, Aníbal Ibarra – Diputados de Ciudad con Mandato Cumplido: María Elena Naddeo, Milcíades Peña, Vilma Ripoll - Asociación Argentina de Actores - Representantes de: CTA - ATE – UTE – Ademys – Conadu Histórica – APA – UBA – CONICET – FLACSO – Movimientos políticos y Sociales - Trabajadores de Educación, Salud, Justicia y continúan las firmas…(ya van más de 400 adhesiones solidarias)

NOS ENCONTRAMOS MAÑANA JUEVES 14-08 EN PERÚ 130 (LEGISLATURA)
para que se trate EL PROYECTO DE PEDIDO DE INFORME elaborado por el Consejero del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, José Machaín y presentado por el Diputado Pablo Failde.
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NARODOWSKI Y SU AUTORITARISMO RECICLADO

Buenos Aires, 13 de agosto de 2008

La frase que repite el Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el concepto que funda la reciente modificación del Régimen de Convivencia Escolar (Ley 223), es “Vamos a volver a la autoridad del docente, no puede seguir sucediendo que si un docente sancionaba los padres se quejaban”, (Página 12, 13 de agosto de 2008).
El contenido de esta frase es falso. Sus consecuencias, peligrosas e ilegales.
Es falso, porque no existe algo así como una autoridad que pertenezca como atributo de la totalidad de los y las docentes. Quienes la tienen, no necesitan de apercibimientos, amonestaciones o amenazas. Quienes no la tienen, no la conseguirán a partir del endurecimiento de las medidas represivas sobre los alumnos.
Podría suponerse exagerado hablar de represión al interior de una escuela. Sin embargo, la delimitación de conductas punibles -lo que está mal y lo que está bien en el ámbito escolar- define claramente obligaciones y prohibiciones. Basta revisar los Códigos de Convivencia de cualquier escuela: todas las conductas que se establecen como prohibidas son las que les corresponden a los y las estudiantes. Por ejemplo, faltar el respeto al docente, o utilizar los celulares en horas de clase. Eso está muy bien: no estamos postulando que se falte el respeto a nadie, y nos parece correcto que en clase no se hable por teléfono. Pero ¿qué sucede cuándo por ejemplo un docente de Formación Cívica, por ejemplo abogado, utiliza sus horas cátedra para resolver sus casos particulares, recibiendo y haciendo llamadas con su teléfono celular? ¿O cuando una docente tilda de idiotas a sus alumnos y alumnas? Estas conductas no están tipificadas en el Código de Convivencia. Estas faltas de respeto a los y las alumnos no está contemplada. En la verba del señor Ministro, en tanto docentes, tienen razón, y la razón docente no se puede discutir.
La escuela, ya lo explicó hace bastante tiempo el filósofo francés Michel Foucault, reproduce los criterios de selección y de marginación vigentes en la sociedad. La lucha por la democratización de las relaciones al interior de la escuela no supone, como mentirosamente lo quiere hacer creer el señor Ministro, que los y las estudiantes les falten el respeto a sus docentes, sino que todos los miembros de la comunidad escolar tengan derechos y deberes. Y uno de los derechos básicos que tienen TODAS las personas -docentes, no docentes, estudiantes, niños, adolescentes, adultos- es el de defenderse de una acusación. Sea cual sea. Podemos defendernos de una detención efectuada por un policía. Podemos defendernos de una multa fotográfica. Podemos defendernos de una imputación legal. A nadie se le ocurriría decir (aunque muchos lo piensen): “A partir de ahora, para que recuperen su autoridad, los policías siempre tendrán razón, y los jueces siempre van a condenar, porque son jueces, y tienen razón, así que basta de venir con reclamos, apelaciones, y esas pavadas”.
Quien esto escribe es integrante de un Grupo de Conviencia de una escuela secundaria porteña, y participó en ese carácter de muchos Consejos de Convivencia. En varios de esos casos, las sanciones solicitadas por los docentes o las autoridades de la escuela, una vez analizados los hechos y las argumentaciones de quienes las solicitaban y de los estudiantes involucrados, no se aplicaron porque eran desproporcionadas o injustas. En algún caso, hubo que contar con la asistencia de una abogada de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, frente a una flagrante injusticia cometida contra un alumno al que se quería suspender durante dos días por ser parte de “grupo conflictivo”, aunque no hubiera cometido ninguna falta. Digámoslo claramente: nadie aceptaría que se detenga a alguien por sus amistades, sin embargo, en una escuela pública porteña, se iba a sancionar a un adolescente por sus amistades. Estas son las injusticias que el trabajo conjunto de padres, madres, adolescentes, docentes, preceptores y autoridades de las escuelas, podía evitar hasta ahora. Sin embargo, por obra y gracia de este concepto que el señor Ministro -y el señor Jefe de Gobierno, su superior- intenta imponer, a partir de ahora, decenas de miles de ciudadanos de esta Ciudad, por ser alumnos y alumnas, han perdido el derecho de defenderse.
Es peligroso, porque resume en una medida el concepto de razón de estado, sobre el que todas las dictaduras, incluida por supuesto la que sufrió nuestro país entre el 76 y el 83, asentaron el concepto de autoridad.
Y es ilegal, finalmente, porque viola los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 12, derecho a ser oído), reproducidos por la Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Seguramente, se trata de una consecuencia más de la brillante definición del Sr. Jefe de Gobierno, a poco de asumir su cargo, en cuanto a que “se terminó el tiempo de los derechos, ahora empezó el tiempo de las obligaciones”.

CLAUDIA CESARONI
ABOGADA
INTEGRANTE DEL CEPOC
CENTRO DE ESTUDIOS EN POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHOS HUMANOS
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Narodowski contra el Consejo de Convivencia


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lunes, 11 de agosto de 2008

Crítica

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